El enfoque de Seguridad Ciudadana fue creado por algunos ideólogos de derecha, como una extensión de la Doctrina de Seguridad Nacional que, al igual que esta última, define la existencia de un «enemigo interno» al que se debe eliminar y plantea que dentro de las comunidades existen personas que son fuente de inseguridad y hay que «sacarlos de circulación», para ofrecerle seguridad al resto de la ciudadanía.
De esta manera, se instala el temor como elemento unificador de la experiencia urbana, transformándolo en uno de los elementos principales del sistema de dominación y afectando seriamente las interacciones sociales y el desarrollo de la sociedad y muy especialmente la de los barrios vulnerables.
Se nos invita a desconfiar de todo: del vecino; de aquel que camina en la calle; de los jóvenes que buscan esparcimiento en las esquinas o en las plazas de los barrios; y de cualquier persona que no sea de nuestro círculo más cercano.
La destrucción de la comunidad, de sus redes y la instalación en su lugar del individualismo más exacerbado, es el resultado buscado por los creadores de este enfoque, el que nos invita a encerrarnos en nuestras casas, a elevar nuestros muros medianeros, a cercar nuestras pertenencias y nuestras vidas, de manera de evitar ser vistos, para no alimentar lo afirmado por el dicho popular que afirma que la oportunidad es la que hace al ladrón.
Lo anterior lleva, inevitablemente, a ceder el espacio público a los individuos y grupos que actúan al margen de la ley, en absoluta impunidad, precisamente gracias a la desaparición de la comunidad.
Desde esta perspectiva, el enfoque de seguridad ciudadana ha terminado actuando como una fuerza centrífuga en nuestra sociedad, alejándonos los unos de los otros hasta destruir los lazos que antes nos hacían, solidariamente, responsables de todo lo que pasaba a los miembros de nuestra comunidad.
No hay que sorprenderse entonces, si después de varias décadas de venir incrementado significativamente el presupuesto dedicado a mantener el orden y la seguridad pública bajo este enfoque, la tendencia al alza de los delitos y de la sensación de inseguridad no ceda y la tendencia de largo plazo sigue siendo al alza, de manera sostenida en el tiempo.
Se hace necesario, entonces, revertir este proceso de distanciamiento con un enfoque que actúe como fuerza centrípeta sobre los individuos, de manera de acercarlos entre ellos hasta que cada vez más miembros de la sociedad puedan resolver algunas de sus carencias, en el seno de su propia comunidad.
Para esto, se requiere de voluntad política y de leyes que potencien el rol de las organizaciones sociales en los barrios, mediante un financiamiento basal que, acompañado de un esfuerzo significativo para dotar a las mismas de sedes sociales y de una infraestructura capaz de convertirlas en verdaderos centros de desarrollo comunitario, con bibliotecas, infocentros e infraestructura deportiva y recreativa.
De esta manera estaremos construyendo barrios con ciudadanos que ocupen los espacios públicos y establezcan lazos de confianza y de expresión para la formación de varias y variadas colectividades, considerando además, ámbitos específicos, así como las vivencias de adultos mayores, jóvenes, mujeres y niños en el diseño de los espacios públicos.
Al mismo tiempo se requiere de manera urgente escuchar la voz, las demandas y las expectativas de quienes cometen delitos, de manera de que comparezcan también, en tanto víctimas de un sistema que los estigmatiza, los excluye y no les da posibilidades de salir del circulo vicioso en que se encuentran, en la búsqueda de soluciones a sus expectativas y carencias fundamentales.
Solo así, la comunidad volverá a reencontrarse, a conocerse, a quererse y a cuidarse, y retomará la senda de la convivencia comunitaria y de la recuperación de los espacios públicos, como única forma de establecer un control social informal sobre sí misma, sobre sus barrios y espacios públicos de manera tal, que quienes actúen al margen de la ley no puedan circular tan libremente por sus calles, como lo hacen hoy en día.
Si el Estado es capaz de asumir que las organizaciones sociales―tanto territoriales como funcionales― pueden ser socios estratégicos para abordar el tema de lo que suele llamarse inseguridad ciudadana, habremos dado un paso gigante en una batalla que según los resultados de la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Pública, ponen de manifiesto, por una parte, el fracaso evidente del actual gobierno en una materia que fue utilizada como una de las promesas más valoradas de la última campaña presidencial, y por otro, el fracaso de esta forma de abordar el tema de la delincuencia que arrastramos hace ya varias décadas.
Daniel Jadue
Publicado en Cooperativa
