Por Mario Domínguez, Secretario General de la Feuv
El movimiento por la educación ha planteado la necesidad de avanzar sobre la hegemonía de lo público, es decir, la posibilidad de asumir la urgencia nacional de generar las garantías necesarias para el desarrollo integral de nuestro país.
Al parecer, una de las características del gobierno de Sebastián Piñera es su hermetismo, su constante formade asumir las demandas de la ciudadanía y las políticas públicas para su solución sin vínculo alguno con los principales implicados en las decisiones país.
La persistente idea de invisibilizar a los actores sociales, minimizarlos y “administrar sus intereses” como si fuesen simples grupos de presión, ha generado que el paso del gobierno se haga tortuoso y lleno de dificultades. Sin duda, la existencia de grupos de presión -como los que influyen cada vez que se plantean temas como el Royalty minero- son una realidad concreta en nuestro país: el gran Lobby empresarial ha establecido lazos tan profundos entre la elite política y la plutocracia empresarial que incluso un candidato a la Presidencia de la República tuvo que declinar dicha candidatura por sus vínculos y compromisos comerciales, tanto pasados como actuales.
Sin embargo, -y sin aprender en lo más mínimo de la historia inmediata- así como se resolvió el problema de Golborne, se pretenden resolver los problemas del movimiento por la educación.
La Ministra Carolina Schmidt, lejos de comprender las razones que llevaron a la destitución del ex Ministro Beyer, ha profundizado toscamente aquel estilo. Asumir que la “administración del conflicto” se resuelve convergiendo con determinados grupos de presión y no con la generalidad de los actores es asumir que el movimiento se ha edificado sobre la base del interés particular de los involucrados y no a partir del consenso ciudadano, arraigado en el sentido común y la solidaridad, como se ha demostrado. El movimiento por la educación se ha fortalecido y legitimado gracias a su carácter épico y desinteresado, profundamente solidario y en vínculo directo con las más sentidas demandas de las mayorías nacionales.
Es que el mercado en la educación es tan sentido como el negociado de las AFP: lo que une a ambos pesares es el persistente parásito llamado Lucro, Ganancia o Provecho con servicios ineludibles para la ciudadanía; se trata de los mecanismos de movilidad y bienestar social, ambos condicionantes para la calidad de vida y el buen pasar de las familias, y ambos también a merced de la oferta y la demanda. No reconocer que el problema tiene que ver con la lógica en que se ha construido nuestro modelo de desarrollo, y no con la “administración” de los diversos intereses, es no disponer de sentido de realidad, necesario para afrontar los desafíos del futuro, y atrincherarse en la penosa herencia del Chile postdictadura.
Lo que ha otorgado unidad y cohesión al movimiento y sus demandas es la profunda convicción de revivir la noción de derechos sociales, garantías mínimas que una nación libre y democrática debiese entregar a sus ciudadanos y ciudadanas; el interés privado ha atentado directamente contra esas garantías: ha quebrantado los soportes civiles y ha trastocado la noción de lo público. La necesidad de reafirmar lo público se vincula a la urgencia de formar lazos de confianza entre la ciudadanía; estos lazos de confianza -fragmentados por la carencia de condiciones estables- deben emplazarse sobre la base de instituciones que garanticen puntos de encuentro civil, es decir, instituciones en las que sólo baste la calidad de persona para que garanticen derechos humanos y el bien común de los ciudadanos.
El movimiento por la educación ha planteado la necesidad de avanzar sobre la hegemonía de lo público, es decir, la posibilidad de asumir la urgencia nacional de generar las garantías necesarias para el desarrollo integral de nuestro país; el vínculo con otras áreas es tan estrecho que las diversas reformas no se comprenden sin el marco de una reformulación de nuestra institucionalidad política, el llamado a Asamblea Constituyente es la representación de esta urgencia. Necesitamos tanto un nuevo sistema nacional de educación, como una nueva institucionalidad que ponga en prioridad el futuro de nuestro país por sobre la ganancia de un puñado de empresarios. Los estudiantes hemos abierto la puerta para el desalojo.
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