Por Mario Domínguez, Secretario General FEUV.
El informe Pearson aparece en el preciso instante en que las instituciones educativas de nuestro país se encuentran frágiles y cuestionadas. La formación de un imaginario respecto de quiénes son los llamados a definir métodos y contenidos para la selección de los jóvenes profesionales e intelectuales para Chile, se fue integrando silenciosamente en el sentido común de la opinión pública; así, los resultados de la agencia internacional parecen escandalosos, más que por su contenido, por la naturaleza prestigiosa de la institución que enuncia el lapidario informe.
Los múltiples cuestionamientos a la función segregante de la PSU —su vínculo directo respecto de las variables conocimiento/clase social—, las muchas divergencias respecto de la utilización del Aporte Fiscal Indirecto como método de financiamiento del Estado para con las universidades públicas y el aumento permanente del Aporte Fiscal Directo, son cuestiones que el movimiento estudiantil ha venido planteando desde hace bastante tiempo. Por supuesto que el movimiento no parte el 2011, a estas alturas del partido el movimiento por la educación es más transversal que el mundo estudiantil y ha alcanzado un nivel de organización y vigencia excepcional.
Se han terminado los tiempos de condescendencia, la educación pública este año o se defiende y se fortalece, o termina de ser mutilada por los históricos expertos,fundamentalistas de la desregulación y el libre mercado.
El origen del presente escándalo no se encuentra entonces ni en la incompetencia técnica ni en la poca pertinencia que la PSU tiene respecto de las necesidades de nuestro sistema educativo; el problema entonces surge más que del fondo, del marco. El contexto que encuadra la actualidad del sistema educacional es particularmente complejo, no podemos hablar hoy como ayer de un sistema perfectible y razonable; la realidad del sistema educacional chileno es la de un barco a la deriva, sin control ni responsables, sin norte ni sur. La desregulación y la falta control que las iniciativas estatales tienen respecto de la orientación de un proyecto de carácter nacional ha llevado a la institucionalidad educativa a fragmentarse, sus orígenes y consecuencias no son una novedad. Lo planteamos responsablemente, la institucionalidad educacional en Chile se encuentra inorgánica, ni Bitar, ni Lavín, ni Beyer han podido constituir una institucionalidad seria y democrática, lo que tenemos son esbirros jurídicos de origen autoritario muy por debajo de los estándares de calidad de los países de la OCDE.
La miopía que durante décadas le otorgó a los llamados expertos la soberanía absoluta sobre las políticas educacionales en nuestro país, se ha ido paulatinamente diluyendo en la necesidad esencial de cualquier política pública: la participación, el pluralismo y la cooperación entre los diversos actores. Sin aquella necesaria fórmula difícilmente la presente crisis de la educación en Chile se va a resolver. La sacralización de la opinión de los expertos ha hecho que, independiente de lo concreta que la realidad nos parezca, hayamos tenido que esperar un nuevo informe de expertos para dar por sepultada la realidad del tránsito educativo.
En esta materia las autoridades de las universidades tradicionales tienen una particular responsabilidad, ya que a pesar del permanente deterioro de sus instituciones, los rectores del CRUCh han mantenido un incómodo silencio —sea de manera voluntaria o involuntaria— que ha llevado a validar la nefasta PSU no sólo como filtro social, sino además como herramienta de financiamiento de las universidades tradicionales, fomentando la segregación y pauperización de las universidades regionales.
Bajo el actual panorama las perspectivas en materia de educación no pueden ser sino de profundos cambios. El errático actuar del Ministro Beyer en los casos de lucro, la improvisación e irresponsabilidad que significó el cierre de la Universidad del Mar ausente de cualquier política de Estado con criterios definidos que puedan sancionar al resto de las universidades-negocio, han llevado a los diversos actores involucrados en educación a la polarización. Una polarización a veces innecesaria. El gobierno indolente y hermético no ha hecho ningún tipo de esfuerzo real para organizar una agenda conjunta, es más, ha puesto urgencia a la ley de financiamiento y ha instalado como respuesta a los casos de corrupción la nueva ley de acreditación ambas hechas entre cuatro paredes sin ningún tipo de participación ni consulta a los involucrados. En nuestra opinión, el CRUCH en esta pasada debe evaluar una necesaria convergencia con las diversas organizaciones sociales del movimiento por la educación y no aislarse junto al gobierno para naufragar en un año 2013 que estará marcado por la unidad los movimientos sociales y el emplazamiento a los diversos candidatos a la presidencia de la república.
Sin duda se han terminado los tiempos de condescendencia, la educación pública este año o se defiende y se fortalece, o termina de ser mutilada por los históricos expertos, fundamentalistas de la desregulación y el libre mercado.
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