Por Mario Domínguez, Secretario General Federación de Estudiantes Universidad de Valparaíso
Los antecedentes son bastante concretos, el sistema educacional de Chile muestra fisuras irreversibles. La negligencia e irresponsabilidad de un Estado ausente ha provocado estaciones catalépticas, ha jugado con figuras ausentes, posiciones ambiguas, cambiar todo para que no cambie nada.
La situación vivida por las y los miles de estudiantes de la Universidad del Mar es un síntoma que ya huele a enfermedad: la legitimación absoluta del mercado educacional y sus formas de regulación por parte del Estado. Las razones a poner en debate son ahora mas transparentes, la intencionalidad del gobierno del Presidente Piñera para resolver la crisis de la institucionalidad educativa chilena se ve marcada por la inmanencia del mercado, de sus figuras y lógicas. Declarar el cierre de la U. del Mar es decretar su quiebra, es otorgarle el lugar que nunca debió y ni debe tener ninguna casa de estudios de origen particular, es adjudicarle el estatus de una empresa.
El problema tiene dimensiones que el gobierno invisibiliza, las instituciones de educación superior de origen privado nacieron y se desarrollaron en el marco de la mas absoluta desrregulación, las políticas publicas relativas a su control se mantuvieron en el orden de profundizar esta situación, de privilegiar a los emprendedores en desmedro de la posibilidad de restaurar y fortalecer un sistema nacional coherente con los desafíos y necesidades de la nación en su conjunto. La oferta académica universitaria se ha transformado en una caja de pandora para la ejecución de las orientaciones fiscales. Lo que nos muestra la decisión del Consejo Nacional de Educación es la impotencia del Estado de Chile y sus instituciones para poder resolver -superar- en términos responsables y con miras de futuro el colapso de una de sus áreas estratégicas de desarrollo como lo es la educación.
La política del castigo versus la política de la responsabilidad.
Esta imposibilidad gubernamental para solucionar responsablemente la crisis del sistema de educación se basa claramente en la falta de voluntad política y de diálogo que el ejecutivo a tenido para con los diversos actores involucrados. Lejos de generar la posibilidad de establecer soluciones en conjunto, el ministro Beyer ha rechazado las propuestas y sugerencias provenientes del movimiento por la educación, la cartera de educación ha superpuesto el dogmatismo gerencial a cualquier alternativa participativa de resolución de la crisis; la incomunicación y el hermetismo político nuevamente han dejado en jaque al gobierno de excelencia.
Lo que prima en el cierre de la U. del Mar es la política del castigo, esa que en lo punitivo pretende resolver cuestiones de orden estructural, aquella que -como ya se ha hecho costumbre- sigue creyendo que los problemas de este país se resuelven con aquella “mano dura” portaliana, desvinculando las decisiones de Estado de las practicas democráticas. El cierre de la casa de estudios en cuestión está marcado por la irresponsabilidad del Estado con sus propias definiciones, el Ministerio de Educación por medio de la CNA ha sido participe del colapso de la institución educativa, la falta de fiscalización y compromiso con la calidad han pasado la cuenta de muchos años de negligencia, la aplicación de la política del castigo no solo expía las culpas del Estado en esta materia, sino que lo desentiende del rol que efectivamente tuvo en el mentado colapso.
El rol que el Estado debiese jugar en la Universidad del Mar es el de la responsabilidad, el de la intervención y participación en el futuro de la casa de estudios. No puede desentenderse de un proyecto educativo que él mismo legitimó, debe orientarlo y responder a las miles de familias involucradas con la posibilidad de restaurar un proyecto educativo serio, de calidad y a la altura de las necesidades de nuestro país.
La situacion de las y los miles de estudiantes que abandonaron la casa de estudios no puede tampoco estar al arbitrio del mercado, su aseguramiento debe pasar por una solución que privilegie la reubicación en planteles tradicionales y estatales, definir su pertinencia y normalización curricular de acuerdo a las exigencias de estas universidades y financiar así a los proyectos educativos públicos en contraste con la persistente intencionalidad del ejecutivo de favorecer la inversión privada por medio de incentivos y financiamiento a la demanda, sin importar la institución educativa receptiva de dichos fondos públicos.
Así, los diversos actores en cuestión deben asumir que la necesidad de transformar radicalmente el sistema educacional de nuestro país forma parte de la necesidad de constituir voluntad nacional, que se disponga a enfrentar los desafíos del futuro en taxativo rechazo de las lógicas que nos ha condicionado el modelo neoliberal. Queremos un país de ciudadanas y ciudadanos responsables de su porvenir, queremos que las practicas del gobierno cristalicen esa necesidad... no creemos que nuestros problemas sean fruto del tan reiterado y añejo peso de la noche.
