Por Julio Sarmiento, ex-presidente FECH
El único beneficiado con los episodios de violencia generados en la marcha del 8 de agosto fue el Gobierno, cuyos réditos han sido importantes. El aumento de la tensión entre el MINEDUC y los estudiantes; la negativa de entregar permiso para la marcha por parte de la intendencia y la negligencia de carabineros al dejar sin resguardo policial tres buses a mitad del recorrido; no parecen hechos al azar. Se dan en un contexto en el que el Ejecutivo pretende llevar a discusión en la cámara baja la cuestionada ley Hinzpeter y en que pese a toda suerte de estrategias comunicacionales, la sociedad sigue sin creer que lo propuesto por el oficialismo logre satisfacer la profunda crisis educacional, patente en el hecho de que las demandas del movimiento siguen teniendo una aprobación ciudadana considerablemente alta a diferencia de la gestión del Gobierno.
Existe por tanto una clara necesidad de desprestigiar al movimiento y de paso abrir el camino a la estrategia con que, a todas luces, se quiere enfrentar la creciente escalada social, que es el autoritarismo amparado en un recrudecimiento de la represión. Por otro lado la conducción de los Autonomistas en la FECh y la ultraizquierda en la ACES cometieron un error al caracterizar con ambigüedad la jornada, sin definir claros objetivos políticos y prestando el espacio para el éxito del plan orquestado jugándonos una mala pasada a todos.
La derecha está haciendo esfuerzos cada vez mayores en asociar la violencia a la protesta social, como pretexto para ejercer mayor violencia desde los aparatos del Estado a modo de “respuesta necesaria”, sin hacerse cargo de las razones del malestar popular. Se ha dado la alarma desde las redes sociales sobre la posibilidad de que lo esté llevando a cabo mediante montajes, lo que debe hacernos reflexionar, mas allá de su veracidad en este hecho puntual, sino porque han ocurrido múltiples situaciones en las que el actual de carabineros hace levantar sospechas. Y lo realmente preocupante es la total impunidad con que hechos de esta naturaleza pudiesen ocurrir, sabiendo que la motivación está clara.
Carabineros de Chile es una institución vertical que por definición no da espacios a críticas internas, donde siempre se impone la orden de mando y luego se pelotean las responsabilidades políticas entre el Ministerio del Interior y el actuar autónomo o técnico de su alto mando. Se han negado reiteradamente a entregar la información que se ha requerido desde las organizaciones sociales, amparadas en la Ley de Trasparencia, sobre sus manuales de procedimiento, el uso de químicos disuasivos y sus consecuencia para la salud, así como de los costos operacionales de los desproporcionados despliegues de fuerza, siempre argumentando razones de “seguridad nacional”. Es imposible iniciar investigaciones que no se remitan a sumarios internos ya que no son juzgados por tribunales civiles. Se han descubierto en varias ocasiones a funcionarios policiales de civil en las manifestaciones, sin que haya existido nunca una respuesta clara sobre los límites de su proceder. Reiteradamente han utilizado perdigones, balas de goma y disuasivos químicos que están prohibidos en varios países de mundo y son tácticas que contravienen acuerdos internacionales sobre DDHH. Es la fuerza policial más militarizada de Latinoamérica y además tenemos el caso Bombas y las causas contra el pueblo Mapuche como malos antecedentes sobre sus jefes del Ministerio del Interior. Chile necesita por tanto legislar sobre el abuso policial, el uso de gases disuasivos y la tortura, no una normativa que amplíe los mecanismo represivos.
La Ley Hinzpeter viene a ser la profundización de todo este aparato represivo. Con su aprobación se abre la posibilidad de judicializar al movimiento social, creando el delito de desorden público, con pena de cárcel para cualquier hecho calificado de violento, que incluye: dificultar el paso, tomas, ocupaciones y otros (casi todas las acciones pacíficas y culturales realizadas el 2011), no solo para quienes los cometen sino también para los convocantes, violando el derecho a reunión y expresión y contraviniendo acuerdos internacionales sobre derechos civiles y políticos. También condena daños a la propiedad y saqueos, pero estos son hechos ya penalizados con la legislación actual y frente a los cuales Carabineros tiene absoluta capacidad de acción individualizando a los responsables, lo que nadie entiende por que no se lleva a cabo.
Entonces lo que nos estamos jugando acá es que la respuesta al creciente descontento social en lugar de soluciones, sea un recrudecimiento de la violencia institucional, un renovado autoritarismo de Estado, para compensar la falta de autoridad de una institucionalidad ilegítima representada en la Constitución de la dictadura, que cuenta con un importante descrédito por su incapacidad de canalizar las exigencias de mayor participación y realizar cambios de fondo en el modelo.
La quema de tres buses por supuesto que es un hecho delictual pero que no debe asociarse ingenuamente con barricadas u otras acciones que adquieren legitimidad cuando se ejercen como autodefensa de masas, como lo fue en la jornada del 4 de agosto del 2011. El debate al interior del movimiento debe permitir derrotar con razones a quienes lo sigan defendiendo este tipo de acciones como una herramienta política.
Que no se justifique la represión con argumentos vacíos. Las manifestaciones son un lugar más donde la violencia estructural de la sociedad es expresada por los sectores excluidos, como los partidos de futbol u otras concentraciones de masas, no son la causa. No sirve abordar estos hechos con normativas restrictivas. Veamos como la Reforma Procesal Penal no ha sido una solución efectiva contra la delincuencia porque no va a su origen y seguirá existiendo mientras no haya justicia social y disminuyan las diferencias de clases. Los estudios sugieren que su principal motivación es económica, y no son las marchas donde mas se da, ni los saqueos su máxima expresión, así que no la combatimos por prohibirlas. Los desmanes no suman en monto mas que el costo de los operativos policiales (de acuerdo a estimaciones en base a los implemento de gendarmería) ni significan en plata mas que lo que el Estado le perdona a las grandes empresas (ejemplo los 100 millones de dólares a Johnson) y siempre son ínfimos cuando se autorizan los recorridos propuestos por los convocantes y no existe provocación de la fuerza policial. La necesidad de solicitar permiso a la intendencia se establece en un decreto de 1983 en plena dictadura, que ya hace tiempo debió ser superado. El orden público no se altera con el transito pacífico de personas mas que con el gas lacrimógeno que hace pagar justos por pecadores y el derecho a libre transito es tan propio de peatones como manifestantes.
Las manifestaciones y la protesta social son un derecho legítimo y necesario en la consecución de las transformaciones de fondo que la sociedad clama. No nos prestemos para el juego de quienes quieren eliminarlas y sigamos convenciendo a la ciudadanía de que las calles son nuestras para coparlas.
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