El 2012 en el
Congreso Nacional fue un año marcado por los conflictos de interés de los
parlamentarios y la confirmación de una tendencia de deslegitimidad de la
Constitución Política de Chile.
Este año ingresaron al Congreso 595 proyectos de Ley, siendo el
13% de ellos presentados por el Ejecutivo. Con esto, se mantiene la tendencia
que observamos desde el año 2006, donde la proporción de mociones
parlamentarias presentadas anualmente al Congreso superaron el 80% del total de
los proyectos de Ley.
En
relación a la publicación de leyes, observamos que el año 2012 se publicaron 87
leyes, superando el promedio anual del Congreso que, desde 1990, es de 72 leyes
al año. Del total de leyes publicadas este año, el 64% corresponde a Proyectos
de Ley ingresados al Congreso por el Ejecutivo.
Estos
datos desmienten lo que algunos han señalado como “la pérdida de los consensos
básicos en el Congreso”, pues aún estaríamos en lo que Rodrigo
Obrador y Alfonso Pérez han denominado como el Statu Quo político institucional
del Consenso, presente desde 1990 hasta la fecha. Donde sí podemos
constatar que el statu quo está desafiado, es en relación a la Constitución
Política de nuestro país.
Los
datos muestran que existe una presión interna del sistema político por realizar
modificaciones a la carta fundamental, ya que desde el año 2008 se observa que
anualmente ingresan al Congreso más de 35 reformas constitucionales. Ante estos
datos, vale la pena preguntarse qué tan legitimada está nuestra Constitución en
el propio sistema político, y si es que resulta pertinente iniciar un proceso
institucional de consulta para generar una Constitución que goce de mayor
legitimidad.
Con respecto al rol legislativo del Gobierno, podemos observar que en
los tres primeros años de gobierno, el de Sebastián Piñera ha logrado la
aprobación de 114 proyectos de su autoría, posicionándose como el segundo
gobierno con más proyectos de ley aprobados en los 3 primeros años de gobierno.
Sin embargo, cuando revisamos el número de proyectos de ley publicados
en relación a los proyectos de ley presentados, la eficiencia del Gobierno de
Sebastián Piñera disminuye en comparación a los gobiernos que lo antecedieron.
Tal como se aprecia en el gráfico a continuación, en los primeros 3 años de
Gobierno el Presidente Piñera ha logrado publicar el 45% de los proyectos que
ha presentado al Congreso, mientras los Gobiernos anteriores, en igual período
de tiempo, superaban esta cifra.
El 2012 en el Congreso, sin duda alguna, estuvo marcado por los
conflictos de interés de los parlamentarios. La confusión entre el interés
privado y el interés público fue una constante que afectó la confianza de la
ciudadanía en esta institución.
El hito que más daño le hizo al Congreso este año fue la votación de
parlamentarios con conflictos de interés en el proyecto de Ley de Pesca.
La participación en la tramitación de la Ley de Pesca por parte de
Jovino Novoa y Andrés Zaldívar, sumado a las desafortunadas declaraciones de
Carlos Larraín, demostraron que el sistema de autorregulación en el Congreso no
está funcionando, y que parlamentarios de larga trayectoria política aún no
comprenden el real sentido de responsabilidad de los cargos que ostentan.
Las acciones de estos parlamentarios, contrariando la Ley Orgánica
Constitucional del Congreso, no tuvo costos para ellos, al menos hasta el
momento.
Esto porque el diseño institucional, que le otorga facultades de sanción
a la Comisión de Ética, no es suficiente, o no ha sido, hasta el momento,
eficiente en el cumplimiento de velar por los principios de transparencia y
probidad, según la potestad que le entrega la Ley.
El 2012 se fue sin que hubiera avances legislativos en asuntos clave
relacionados con la transparencia. Las modificaciones a la Ley Orgánica
Constitucional del Congreso, la Ley de Probidad, la Ley de Financiamiento de la
Política y la Ley del Lobby, entre otras, son los grandes desafíos legislativos
para el 2013, por lo que merecen mayor atención de los parlamentarios y del
ejecutivo -en su rol de colegislador- para revertir la tendencia a la baja de
la credibilidad de nuestras instituciones.
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